Comentario

Los musulmanes, que siguieron viviendo en sus territorios después de la conquista (mudéjares), constituían un grupo humano muy numeroso. Según J. Vicens, a finales del siglo XIV, todavía podían llegar a ser el 66 por ciento de los habitantes del reino de Valencia, el 35 por ciento de Aragón y el 3 por ciento de Cataluña. En territorio valenciano, las capitulaciones firmadas por los conquistadores cristianos, que perseguían mantener en sus lugares a la población trabajadora musulmana, garantizaban la práctica religiosa del Islam y la continuidad de las instituciones y leyes de la comunidad islámica. Convertidos en enfiteutas de señores cristianos, pero, de hecho adscritos a sus predios, los antiguos propietarios y cultivadores musulmanes fueron obligados a pagar rentas generalmente más elevadas que los cultivadores cristianos, y a vender productos alimentarios a sus señores a bajo precio. Maltratados a menudo por sus señores, los campesinos mudéjares eran también aborrecidos por los campesinos cristianos vecinos, que se sabían minoría en tierra conquistada, los veían como competidores por la tierra (aceptaban un grado mayor de explotación) y temían una eventual revuelta musulmana con ayuda exterior (de Granada y el Norte de Africa).
En la ciudad, la situación de los mudéjares, que generalmente trabajaban en el sector de los oficios, fue mejor hasta el siglo XIV. Durante esta centuria se extendió la costumbre de recluirlos en barrios especiales (morerías), donde este grupo humano tuvo su propia organización política, jurídica y religiosa, y sus edificios públicos, y quizá por todo ello se convirtió en un grupo endogámico inasimilable.

Desde mediados del siglo XIV, el trato respetuoso que los Fueros establecían empezó a ser socialmente quebrantado, y las fricciones entre cristianos y musulmanes se hicieron frecuentes. Comenzaron entonces las discriminaciones judiciales, políticas y administrativas; la obligación de llevar signos distintivos; la prohibición de ejercer determinados oficios, y los actos de violencia: saqueo de las morerías de Alzira, Lliria, Murviedro, Oropesa, Elda, Valencia, etc. Eiximenis, testimonio privilegiado de la época, compartía con los demás cristianos de Valencia la frustración y el temor de pertenecer a la etnia conquistadora en un país todavía islámico por la presencia mayoritaria de sus habitantes musulmanes, de ahí que recomendara a las autoridades que prohibieran a los mudéjares llevar armas y que suprimieran los rasgos externos de islamismo y acentuaran la presencia de los signos y manifestaciones cristianas.

En Aragón, en cambio, según E. Sarasa, las comunidades mudéjares, especialmente numerosas en el valle del Ebro y en las márgenes de sus afluentes meridionales, convivieron armoniosamente con sus vecinos cristianos. Aunque estaban divididos en señoríos de la Iglesia, de la nobleza y del rey, el monarca fue siempre su señor natural, de cuya protección dependían. Generalmente satisfacían tributos personales (pechas), y no podían ser desposeídos de sus tierras mientras cumplieran los pactos establecidos pero, en cambio, podían abandonarlas libremente. Sus delitos menores eran juzgados por los tribunales del señorío, pero las causas criminales estaban reservadas a la justicia real. Como vasallos naturales del rey, sus señores no podían ejercer sobre ellos el "ius maletractandi", que en cambio ejercían sobre los vasallos cristianos. Es más, dada la laboriosidad de los mudéjares y la falta de mano de obra, en los siglos XIV y XV hubo una auténtica competencia entre el rey y la nobleza para atraer mudéjares a sus señoríos.

Como sucedía con los campesinos cristianos, también había una categoría de mudéjares más subyugada que el resto: eran los exáricos, especialmente numerosos en el valle del Jalón, que trabajaban la tierra en régimen de aparcería, estaban adscritos al predio con el que podían ser enajenados, y tenían estrechos lazos de dependencia con sus señores. La crisis bajomedieval afectó al conjunto de las comunidades mudéjares, cuyo potencial disminuyó.

Este descenso y el temor a migraciones hacia Granada, llevó a las autoridades a restringir las libertades de esta minoría, disposiciones a las que, por voluntad proselitista de la Iglesia, se unió la prohibición (1403) de ceremonias religiosas de carácter público.